Comparativa de perspectiva histórica entre modelos educativos administrativos

1. Identificación del grado de influencia de la norma educativa a lo largo de los periodos históricos estudiados.

Primero, el concepto «norma educativa» hace referencia a la «cultura escolar producida por los discursos políticos determinantes del ordenamiento legislativo». (Martín, 2016, p. 5). Esta norma educativa conforma «la influencia de la cultura normativa educativa, es decir, de la legislación» (Martín, 2016, p. 24). Por lo que, para este análisis entenderemos, con rigurosidad, la norma educativa como la legislación vigente en cada periodo estudiado, siendo estos los siguientes:

a. Siglo XIX.

La Constitución de 1812 resulta «la única constitución española que ha dedicado un título exclusivamente a la educación» (Enguita, 2006, p. 13). Su legislación estaba enfocada a la erradicación del analfabetismo, entendido este en el artículo 366º: «En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles». Se observa que el texto recoge la obligación de la enseñanza de la doctrina católica si bien se inaugura una contienda entre Iglesia y Estado, pues la primera «no ve con buenos ojos la presencia del Estado en el mundo de la educación, y reduce su campo de acción» (Martín, 2016, p.10), aunque no mucho, dado su «gran posicionamiento y firmeza en este campo» (Martín, 2016, p.10). Otro de los problemas que trata de paliar la legislación de este siglo tiene que ver con el absentismo escolar, pues «dificulta y pone en aprieto el periodo obligatorio de la escolarización» (Martín, 2016, p.10).

En este caso, por la descentralización en la que aún estaba inmersa España, resultaba difícil aplicar modelos normativos con exhaustividad. Así, los objetivos de la ley no eran satisfechos, por lo que podríamos hablar de poca influencia de la norma educativa: la Iglesia siguió siendo fuerte — e incluso se vio reflejada en el artículo 366º, primero del título dedicado a la educación de la Constitución de 1812 —, las leyes no consiguieron erradicar el absentismo y este causó la permanencia del analfabetismo.

b. 1876-1931: Institución Libre de Enseñanza (ILE).

En la web de la Fundación Giner de los Ríos puede leerse (2016): «La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por un grupo de catedráticos […] separados de la Universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral». Sus innovadoras técnicas causaron sensación hasta el final de la Segunda República, cuando se produjo el estallido de la Guerra Civil y, ganada ésta por el bando franquista, proscribió la institución. La legislación de este periodo se muestra «empeñada en mejorar las construcciones escolares, la mejora de la situación personal y profesional del magisterio, la creación de nuevos espacios donde llevar a cabo las reformas e innovaciones pedagógicas […] para conseguir un sistema de educación nacional que pueda hacer factible el desarrollo del país» (Martín, 2016, p. 12). En este sentido, se puede decir que la influencia normativa sería mucha: primero, en el verdadero compromiso de los intelectuales con la enseñanza; segundo, por la positiva conmoción que inspiraban las técnicas de la ILE; y, tercero, en apuntar ciertas iniciativas como los pilares del desarrollo del país.

c. Segunda República.

Y es que, sin duda, España mostró su mejor cara — en muchos aspectos, pero centrémonos en el educativo — en el los pocos años que duró la Segunda República. Durante la misma, «la escuela se va a convertir en el arma ideológica de la revolución española» (Martín, 2016, p. 13), demandando la socialización de la enseñanza desde la normativa oficial. Desde ese punto de vista, podemos decir que el grado de influencia de la cultura normativa fue muy alto, pues se dio prioridad a la educación como motor del cambio social que, durante esos años, se fraguó en España.

d. Franquismo.

Al respecto del Franquismo, no hay mucho que probar: como régimen totalitarista que fue, la cultura normativa fue administrada con escrupulosa radicalidad, diluyéndose conforme los casi cuarenta años de dictadura pasaban. Esta disolución de los principios nacionalistas y católicos que desolaban la educación y la cultura españolas fue evidenciada por la Ley General de Educación (LGE).

Esta ley trataba de adaptarse al cambio que, tanto de dentro de la sociedad española como por influjo de las tendencias europeas, solicitaban que España actualizase sus fórmulas pedagógicas, anclados en el oscurantismo franquista, para pasar a tener «un nuevo tipo escolar, en consonancia con la situación que vivía el país en esos momentos y sus propuestas de futuro» (Martín, 2016, p.17).

e. Educación en democracia. 1990: llega la LOGSE.

De la LOGSE también podemos decir que tuvo una gran eficacia normativa. A fin de cuentas, era la primera Ley Nacional de Educación que se aplicaba desde la LGE y habiéndose redactado ésta durante el Tardofranquismo, no se podía decir de ella que era una ley que pudiera adaptarse fácilmente al cambio sociocultural de los tiempos, cada vez más raudo durante la segunda mitad del siglo XX.

Así, actualizaba muchas de las cuestiones que, de aquella Ley General de Educación, firmada en 1970, se mostraban obsoletas en 1990. Y se hizo con la rigurosidad propia de un estado liberal y moderno, dentro de unos parámetros de claridad institucional que, para el tiempo y las circunstancias, también se antojaron revolucionarios.

f. Siglo XXI

Hoy en día, con muchísima menos claridad institucional y un renovado oscurantismo por parte de los poderes civiles así como una perenne influencia por parte de la Iglesia Católica, el respeto a la cultura normativa es máximo, pues la sociedad española está, en casi toda su compleción, dominada por el burocratismo propio de un estado moderno. De este modo, sería muy poco frecuente encontrar casos académicos aislados del sistema definido dentro de las leyes LOE y LOMCE.

g. Conclusión.

En general, se puede decir que la institucionalización de la cultura normativa de la educación se introduce en España de manera progresiva y resulta verdaderamente máxima en este último periodo de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, pues, además de la progresiva burocratización del país, cabe destacar la vigía constante de Europa desde que España se uniera a la UE en 1986.

2. Comparación entre el modelo español y el ecuatoriano

Es obvio que un análisis detallado de los modelos legales que suponen, respectivamente, la LOMCE y la LOEI, sería un proceso de mucho mayor extensión que el que se puede observar con simples deducciones basadas en la observación de las realidades de uno y otro país.

Así, sin necesidad de tenernos que poner meticulosos con la observación de los preceptos legales contenidos en los cuerpos textuales de las citadas leyes, advertiremos el paralelismo básico que hay entre ellas en lo concerniente a la universalidad del acceso a la educación, contenido, como no podía ser de otro modo, en ambos textos.

Y, sin ir más lejos, sus diferenciaciones obvias son dos: la primera, que mientras que Ecuador no ha de estar al tanto de ningún supraorganismo en materia de legislación educativa, la LOMCE ha de pretender «converger en medidas con los sistemas europeos» (Martín, 2016, p. 23), pues forma parte de ese organismo mayor — la UE — que marca las directrices de sus países miembros, entre otras, en materia de educación.

La segunda diferenciación, en cambio, es que España no se tiene que hacer eco de lo que Rafael Correa Delgado, presidente de la República ecuatoriana, considera en los prolegómenos de la LOEI al afirmar «Que esta Ley […] define los principios y fines que orientan la educación en el marco […] de la plurinacionalidad» (Asamblea Ecuatoriana, 2012), esto es, la necesidad de la sociedad ecuatoriana de fijarse no sólo en realidades socioculturales muy diferentes, sino en una sociedad global formada por una «multitud de naciones». Y, de este modo, el aparato legislador ecuatoriano ha de configurar las diferentes realidades educativas y culturales de cada una de esas naciones, enfrentándose a su realidad de un modo en el que el aparato legislador español nunca se verá obligado a funcionar.

Referencias.
Asamblea Ecuatoriana. (26 de julio de 2012). Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. [Decreto Nº 1241]. Suplemento No. 754 del Registro Oficial.

Constitución Política de la Monarquía Española [Const.] (1812). Recuperado de:
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1812.pdf

Enguita, M. (2006). Participación de las familias en la vida escolar: acciones y estrategias.
Madrid, España. Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General Técnica.

Fundación Francisco Giner De los Ríos [Institución Libre de Enseñanza]. (2016). Nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza. Recuperado de:
http://www.fundacionginer.org/historia.htm

Martín, B. (2016). Influencia de los factores históricos y normativos en la educación escolar. Salamanca, España: Universidad de Salamanca. Recuperado de:
http://epipdal.auge.edu.es/epipdal/pluginfile.php/20656/mod_resource/content/4/DES_USAL_TC_A02_T02_LIT.pdf